Grupo militar intenta levantamiento contra Maduro

Al filo de las 2:50 de la madrugada de este lunes un grupo de militares se sublevó en el puesto policial de Macarao, al oeste de Caracas, para después trasladarse al cuartel de la Guardia Nacional en la zona de San José de Cotiza, al norte de la capital, desde donde comenzaron a divulgar mensajes por las redes sociales, en los que llamaron a desconocer al gobierno del presidente Nicolás Maduro.

A eso de las cuatro de la mañana, los sublevados se enfrentaron a cientos de guardias nacionales y policías, informaron vecino citados por la agencia informativa Ap.

El levantamiento fue sofocado sin derramamiento de sangre, y 27 efectivos fueron detenidos, informó el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, quien no descartó que se realicen más arrestos.

Como jefe del grupo rebelde fue identificado el sargento Alexander Bandres Figueroa, informó Cabello, tras asegurar que en una operación “absolutamente limpia” las fuerzas de seguridad lograron controlar en tiempo “récord” la acción sin pérdida de vidas.

Cabello dijo que con la acción de los rebeldes se buscaba crear “zozobra” e “intranquilidad” entre los venezolanos.

El levantamiento se registró cuando un grupo de guardias nacionales de rangos bajos sometió al capitán Gerson Soto Martínez, responsable de un puesto policial de Macarao, desde donde se desplazaron en dos vehículos militares a un puesto de la barriada pobre de Petare, al este de la capital. Ahí sustrajeron un lote de armas y secuestraron a dos oficiales y guardias nacionales de esa unidad, señaló el Ministerio de Defensa en un comunicado.

Los militares luego se trasladaron a un destacamento de la barriada pobre de Cotiza, al norte de Caracas, y a partir de las cuatro de la mañana se enfrentaron con armas de fuego a cientos de guardias nacionales y policías que estaban en los alrededores y les respondieron con disparos, según relataron vecinos del lugar.

El anuncio sobre la detención de los militares rebeldes se realizó luego de la difusión de videos en los que un hombre, que se identifica como el sargento de tercera Bandres Figueroa, se dirige al «pueblo de Venezuela» e insta a sus compatriotas a que salgan a las calles para mostrar apoyo a su rebelión.

En Cotiza decenas de residentes golpearon ollas y sartenes, quemaron basura y gritaron:“¡libertad!” mientras ondeaban banderas venezolanas. Algunos hombres con los rostros cubiertos comenzaron a arrojar piedras a cientos de oficiales ubicados frente al puesto militar.

Las fuerzas de seguridad dispersaron con gases lacrimógenos y balas de goma a los residentes en Cotiza, en enfrentamientos que se extendieron varias horas. En Caracas también hubo disturbios, las protestas se mantuvieron en la tarde en sectores como Los Mecedores, en el centro.

Al descartar que exista descontento en los cuarteles, Cabello afirmó que en la fuerza armada hay una “unidad monolítica” y reveló que durante el asalto Bandres Figueroa recibió una “llamada del exterior”, lo que generó “indignación” entre los uniformados. Agregó que además de las armas a los rebeldes les fueron decomisados teléfonos que serán parte del material de investigación.

En un tuit Cabello agregó: “Obligados a confinarse en Cotiza el grupo de asaltantes, fueron neutralizados, rendidos y capturados, en tiempo récord. Ya están confesando detalles, lo primero que dijeron fue que les ofrecieron villas y castillos y los dejaron solos, que los habían engañado. Nosotros venceremos!!”

El ministro de Defensa, Vladimiro Padrino, en un comunicado de la Fuerza Armada Bolivariana rechazó “categóricamente este tipo de actos, que con toda seguridad están motivados por oscuros intereses de la extrema derecha y son contrarios a las normas elementales de disciplina militar, al honor y a las tradiciones de nuestra institución”.

En otro hecho, cerca del mediodía, el Tribunal Supremo de Justicia -controlado por el oficialismo- declaró inválida a la nueva directiva de la Asamblea Nacional (AN) y consideró como “nulos” los recientes acuerdos que aprobaron contra Maduro y reiteró el fallo judicial de 2016 que declaró en desacato al Parlamento (controlado por la oposición) y nulas sus decisiones.

La Sala Constitucional del máximo tribunal estableció que la AN “no tiene junta directiva válida”, y sentenció que las directivas que fueron electas el pasado 5 de enero y las de los años 2017 y 2018 incurrieron en «usurpación de autoridad, por lo cual todos sus actos son nulos de nulidad absoluta”.

El magistrado Juan Mendoza, presidente de la Sala Constitucional, dijo que la AN, a la que acusó de incurrir en “conducta inconstitucional”, se mantiene en “desacato” de las decisiones del Poder Judicial.

Los magistrados rechazaron el acuerdo del Congreso que declaró que Maduro está “usurpando” al comenzar un nuevo mandato el 7 de enero, desconocido por la mayoría de los países de la región y la Unión Europea.

“La Asamblea Nacional no puede erigirse en Tribunal Supremo de Justicia”, expresó el magistrado, y agregó que Maduro es el presidente constitucional de Venezuela.

En la sentencia también se consideraron como nulos los recientes acuerdos del Congreso en los que se pide a un grupo de países congelar los activos del Ejecutivo venezolano, se solicita la ayuda humanitaria internacional y se aprueba la promoción de una ley de amnistía para militares y otros funcionarios que ayuden a restablecer la Constitución. Asimismo, se exhorta a la Fiscalía General a determinar la “responsabilidad penal, civil y administrativa” que corresponda.

El presidente de la AN, Juan Guaidó consideró «miserable» calificar de «inconstitucional» al Parlamento al pedir una vez más a los militares que se subleven y reiteró su ofrecimiento de amnistía.

Guaidó ha sido reconocido como mandatario legítimo de Venezuela por Estados Unidos, el Grupo de Lima (con excepción de México), y Ecuador, cuyo presidente Lenín Moreno comenzó una cacería contra los inmigrantes venezolanos.

Tras el feminicidio de una embarazada perpetrado en Ecuador por un venezolano, el gobierno de Moreno anunció que exigirá la presentación obligatoria e inmediata del historial judicial a los venezolanos que quieran ingresar al país.

El canciller venezolano, Jorge Arreaza, tuiteó: “Ratificamos que el señor @Lenin y su gobierno son responsables de garantizar la integridad de l@svenezolan@s en Ecuador. Venezuela tomará acciones legales internacionales ante esta instigación xenófoba que prefigura delito y lesiona los derechos humanos de nuestros compatriotas”.