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Milicia y Justicia / Ya no urge la Ley de Seguridad Interior

[template id=»34″] Ciudad de México.- Sin proponérselo, el general secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, le dio armas a los legisladores de todos los partidos políticos para que continúen sin tomar en serio la demanda reiterada del divisionario y del almirante secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz, de aprobar la Ley de Seguridad Interior que dé certeza a militares y marinos para seguir en las calles.

Durante la gira de trabajo que realizó el jueves 9 de marzo por San Pedro, Coahuila, en donde recorrió los terrenos de un cuartel para una brigada de la Policía Militar (para alrededor de tres mil elementos) que apoyarán las labores de seguridad en la zona que convergen municipios de Coahuila, Chihuahua y Durango, el general secretario aseguró que los soldados se mantendrán en las calles porque es una exigencia de los ciudadanos y adelantó que además, los soldados ampliarán su presencia en las distintas regiones del país.

Ahí dejó claro que es una orden de su comandante supremo, y que su permanencia en las calles depende de la orden del presidente Enrique Peña Nieto, pero también de la exigencia de la sociedad. “Y ahí vamos a estar, mientras la sociedad lo pida y el presidente no ordene lo contrario”.

Al tiempo que urgió al Congreso a aprobar el proyecto de la Ley de Seguridad Interior que le dé certidumbre jurídica a la presencia de los militares en las calles y que precise las facultades legales de soldados y marinos en labores de seguridad interior.

Y entonces, si los militares seguirán ampliando su presencia en labor de seguridad ¿pública o interior?, por órdenes del Presidente y por exigencia de la sociedad, ¿cuál es la urgencia de aprobar la Ley de Seguridad Interior?

Los legisladores de todos los partidos tomarán de buena gana lo dicho por el general secretario, porque continuarán dejando pasar el tiempo mientras la iniciativa referida continúa empolvándose con el pasar del tiempo.

En tanto, fuentes castrenses aseguran que tanto el general Cienfuegos como el almirante Soberón ya dieron por perdida la iniciativa de Ley de Seguridad Interior, por lo que dejarán de cabildear con los legisladores el asunto y lo dejarán completamente en manos del presidente de la República y del Congreso, a ver si es cierto que están comprometidos en apoyar la labor de las fuerzas armadas, tal y como lo aseguran en cada discurso público.

Medina Mora, más papista que el Papa

El ministro Eduardo Medina Mora sorprendió a propios y extraños cuando solicitó la invalidez total de la Ley que regula el uso de la fuerza pública en el Estado de México.

El ex procurador general de la República y actor principal en la represión ocurrida en San Salvador Atenco en mayo de 2006, no tuvo empacho en señalar que la norma tildada por organizaciones sociales como represora, violatoria de los derechos humanos de libertad de expresión y manifestación, además de dotar a la autoridad de facultades discrecionales para el uso de armas no letales y letales, era ilegítima, porque “el uso de la fuerza se justifica sólo con apego estricto a los derechos humanos, cuando no es posible cumplir la ley por otros medios como el diálogo o la persuasión, y ante un riesgo evidente que ponga en riesgo la vida de las personas”.

Medina, quien fue señalado en 2009 -junto con el entonces gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto- como responsable de la violación grave de garantías en San Salvador Atenco, en su calidad de secretario de Seguridad Pública Federal, fue más crítico que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Esto, porque mientras Medina Mora demandó en la sesión del pleno la abrogación de la norma conocida casualmente como Ley Atenco, la CNDH sólo impugnó 14 artículos, dejando de lado temas centrales que tienen que ver con el uso de armas letales y no letales.

En materia de acoso laboral y sexual, la Corte ante el reto de pasar del dicho al hecho

La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció criterios fundamentales en materia de equidad de género, al instituir una serie de lineamientos para los juzgadores cuando tengan conocimiento de casos que involucren violencia sexual contra la mujer.

El modelo propuesto plantea que por tratarse de una agresión que se produce en ausencia de otras personas, “se requieren medios de prueba distintos a los tradicionales”, por lo que la declaración de las víctimas constituye una prueba fundamental sobre el hecho, además de que debe tomarse en cuenta que usualmente, la víctima suele no denunciar por el estigma que implica.

También que por tratarse de hechos traumáticos, puede ser usual que al hacer el recuento de los hechos, la declaración de la víctima presente algunas inconsistencias y variaciones, lo que no le debe restar valor probatorio.

Y que se deben tomar en cuenta algunos elementos subjetivos de la víctima, como su condición social o pertenencia a un grupo vulnerable, etc.

Pues resulta que la Suprema Corte no es ajena a este tipo de denuncias y que tiene en la mano, al menos dos casos en los que se verá si los criterios aprobados por los propios ministros se llevan a la práctica.

El primer caso es el del Canal Judicial, en el que el ministro Arturo Zaldívar tiene en sus manos la elaboración del proyecto de dictamen para establecer si el ex director del Canal Judicial y sus principales colaboradores son sancionados administrativa o penalmente por las denuncias de acoso laboral y acoso sexual denunciadas por más de 20 trabajadores y ex trabajadores.

El segundo caso es el de dos trabajadoras Silvia N, y Norma N, quienes desde agosto de 2014 y enero de 2015, respectivamente, presentaron quejas por hostigamiento sexual y laboral en contra del director y subdirector del área de visitas guiadas de la Suprema Corte, sin que hasta la fecha se les haga justicia.

Los ministros recibieron hace unos días una carta firmada por las dos trabajadoras en la que describen los hechos y solicitan la intervención de los juzgadores “para regularizar el procedimiento” interno para acelerar la investigación y que se sancione a los responsables.

Ante la falta de un mecanismo de apoyo institucional a las víctimas, éstas mantienen su peregrinar en busca de justicia con el apoyo legal de la organización civil Justicia Pro Persona A. C.

La Suprema Corte tiene el reto de demostrar a la sociedad que es capaz de pasar del discurso a los hechos.

Fuente: www.jornada.unam.mx

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