La vinculación se dio por los probables delitos de ejercicio indebido de funciones y peculado, ante un probable desvío de 39 millones de pesos que no cumplieron el objetivo de comunicar las actividades estatales a la comunidad.
Como medida cautelar, al ex vocero de seguridad se le prohibió abandonar el país sin el permiso del Tribunal judicial.
De acuerdo con la Fiscalía, el ahora investigado solicitó la contratación en mayo del 2013 de la empresa Limón Publicistas para la creación de una campaña publicitaria que posicionara al gobernador como «un líder con visión, de cara al próximo periodo electoral».
Lo anterior, como objetivo principal, según se estableció en el documento adjunto del contrato firmado entre la empresa de publicidad y el Gobierno del Estado que presentó la Fiscalía Anticorrupción como dato de prueba.
Además, se aclaró que el contrato establecía un compromiso de 67 millones de pesos, de los cuales, sólo se erogaron los 39 antes mencionados.
Al final el juez de control Othoniel López concedió el inicio de la investigación formal con un plazo de 15 días para el cierre de la misma.
