Nacional

Gobierno Federal rechaza patrón de violencia contra madres buscadoras

Segob y SRE señalaron que no hay datos que acrediten una violencia estatal o recurrente contra personas buscadoras en México

El Gobierno de México rechazó que exista un patrón generalizado de violencia contra madres buscadoras en el país, luego de un pronunciamiento de expertos de Naciones Unidas sobre los riesgos que enfrentan familiares de personas desaparecidas. La Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores sostuvieron que la información disponible no permite acreditar una práctica estatal ni recurrente contra quienes participan en labores de búsqueda.

La respuesta oficial surgió después de que expertos de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU alertaran sobre agresiones contra personas buscadoras. Segob y SRE precisaron que esos especialistas ejercen su mandato de forma independiente y a título personal, por lo que sus opiniones no representan formalmente la postura de Naciones Unidas.

Pese a rechazar la existencia de un patrón sistemático, las dependencias reconocieron que México mantiene desafíos en la localización e identificación de personas desaparecidas, así como en el acceso a la justicia para sus familias. También señalaron que autoridades federales han sostenido encuentros con colectivos y organizaciones para atender sus demandas.

Entre las medidas señaladas por el Gobierno federal se encuentran la Alerta Nacional de Búsqueda, la apertura de carpetas de investigación desde el primer reporte de desaparición, el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses y una mayor coordinación entre fiscalías y comisiones de búsqueda. Las autoridades también destacaron la cooperación con organismos como ONU-DH, UNFPA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Segob y SRE afirmaron que la búsqueda de personas desaparecidas es una obligación de las instituciones mexicanas y señalaron que trabajan junto con la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales para ampliar el acceso a la justicia. Asimismo, manifestaron disposición para continuar compartiendo información con organismos internacionales sobre las acciones emprendidas en esta materia.

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