Nacional
Senado analiza posible traición a la patria en caso de agentes de EU en Chihuahua
Morena advierte posibles responsabilidades por la presencia de la CIA, mientras oposición acusa uso político del caso
La presencia de agentes de la CIA en Chihuahua y la actuación de autoridades locales han generado un nuevo frente de confrontación en el Senado, donde la mayoría de Morena planteó que el caso podría configurar el delito de traición a la patria.
De acuerdo con un informe elaborado por las comisiones de Puntos Constitucionales y Seguridad Pública, cualquier acción que comprometa la soberanía nacional o invada competencias federales debe ser investigada a fondo y, en su caso, derivar en responsabilidades legales. No obstante, pese a la gravedad de los señalamientos, el bloque mayoritario decidió no presentar una denuncia formal, ya que la Fiscalía General de la República abrió dos líneas de investigación.
El tema escaló luego de que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, cancelara su participación en una reunión con senadores, programada para abordar el caso. La mandataria argumentó que su ausencia busca evitar la difusión de información confidencial que pudiera afectar las indagatorias en curso y la seguridad nacional.
La decisión generó inconformidad entre legisladores de Morena, quienes calificaron como tardía la notificación y consideraron que se debía proceder legalmente en su contra. Sin embargo, el anuncio de la Fiscalía llevó a que la discusión se mantuviera en el ámbito político dentro del Senado.
Durante la Junta de Coordinación Política, se acordó abrir el debate en el pleno para abordar el tema, en medio de posturas encontradas entre las distintas fuerzas políticas.
Mientras Morena insiste en que la presencia de agentes extranjeros sin apego a la Ley de Seguridad Nacional representa una violación grave a la soberanía, legisladores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano coincidieron en que el caso debe investigarse, pero sin adelantar juicios ni responsabilizar directamente a la gobernadora.
Desde la oposición, también se acusó un posible uso político del tema, al señalar que se busca generar desgaste rumbo a procesos electorales, además de cuestionar lo que consideran un trato desigual frente a otros casos de seguridad.
Por su parte, María Eugenia Campos reiteró que su gobierno ha colaborado con las autoridades federales y que ya se entregó la documentación requerida a la Fiscalía, con el objetivo de contribuir al esclarecimiento de los hechos.
