Nacional
Senado aprueba reforma al amparo con retroactividad; oposición alerta riesgo constitucional
Con 70 votos a favor y 39 en contra, el pleno avaló que los juicios en trámite se resuelvan bajo las nuevas reglas que limitan la suspensión provisional
El Senado de la República aprobó que la reforma a la Ley de Amparo tenga efectos retroactivos, decisión que permitirá al gobierno cobrar de inmediato créditos fiscales en disputa, incluso en aquellos juicios que ya se encontraban en proceso. Con ello, todos los casos en trámite deberán ajustarse a las nuevas disposiciones que restringen la suspensión provisional.
La modificación fue impulsada por el morenista Manuel Huerta, quien logró que en el pleno se reincorporara la cláusula de retroactividad que en comisiones había sido retirada por Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia, al considerarla inconstitucional. Pese a esa objeción, Morena y sus aliados lograron la mayoría con 70 votos a favor frente a 39 en contra.
De acuerdo con el dictamen aprobado, el juicio de amparo no procederá en casos de créditos fiscales firmes ni en solicitudes de prescripción de deudas fiscales ya determinadas. Además, se establecieron nuevos criterios sobre el interés legítimo, que ahora exige demostrar un daño real y diferenciado, lo que limita la posibilidad de impugnar actos de autoridad con base en efectos hipotéticos.
La senadora emecista Alejandra Barrales advirtió que la medida impactará directamente en más de 706 mil juicios de amparo actualmente en curso. Por su parte, legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano denunciaron que la reforma convierte al recurso en un “desamparo”, pues, en su opinión, protege más al gobierno que a los ciudadanos.
Durante la sesión, que se prolongó por casi seis horas, los opositores señalaron que la retroactividad viola el artículo 14 constitucional, el cual establece que ninguna ley puede aplicarse en perjuicio de persona alguna de manera retroactiva. Sin embargo, Morena defendió la reforma al señalar que brinda certeza jurídica en la ejecución de créditos fiscales.
La minuta fue turnada a la Cámara de Diputados para su análisis y eventual aprobación. Mientras tanto, persiste la polémica sobre el alcance de esta reforma y sus implicaciones en la protección de los derechos de los ciudadanos frente al poder del Estado.
