Debate estancado en el Senado: Prisión preventiva y arraigo bajo presiones

Desde 2018, diversos organismos de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, han advertido sobre las posibles violaciones al sistema de justicia al ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa y al mantener la figura del arraigo. A pesar de esto, el Senado se encuentra en un enredo legislativo, debido a las presiones ejercidas por gobernadores y el gobierno federal.

En septiembre de 2019, las comisiones unidas del Senado aprobaron por unanimidad eliminar de la Constitución la figura del arraigo, siguiendo una minuta de la Cámara de Diputados. Sin embargo, a pesar del apoyo de todas las fuerzas políticas, el dictamen nunca llegó al pleno para su votación final, quedando estancado en las comisiones correspondientes.

Por otro lado, desde el año 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estado analizando la constitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa, luego de que los propios senadores ampliaran el catálogo de delitos que la ameritan. En respuesta, algunos legisladores han presentado propuestas para acotar esta medida al máximo, pero estas iniciativas aún no han sido discutidas a profundidad y permanecen en espera en las comisiones correspondientes, prolongando así el estancamiento legislativo en torno a estas importantes cuestiones de justicia y derechos humanos.