Candidatos y partidos de oposición acusan a Eruviel Ávila de gastar millones en programas sociales para posicionar al PRI. El gobernador dice que frenarlos por los comicios afectaría a la población [template id=»34″] Toluca, México.- A 41 días de las elecciones para renovar el gobierno del Estado de México —bastión del priismo y del presidente Enrique Peña Nieto—, los candidatos y los partidos de oposición coinciden en un punto: su reclamo hacia gobernador Eruviel Ávila por el manejo de los programas sociales, pues argumentan que su administración realiza un gasto millonario en ellos con la única finalidad de posicionar al PRI de cara a las votaciones.
El asunto empezó a generar molestia desde la época de precampañas, que abarcó del 23 de enero al 3 de marzo, e incluso llegó hasta el Congreso mexiquense días de que las campañas iniciaran el lunes 3 de abril.
La tarde del 30 de marzo, en una sesión marcada por las tensiones entre los legisladores, el Legislativo local aprobó que 67 de los 90 programas sociales del Estado de México se mantuvieran vigentes durante la época electoral, una decisión que enojó a diputados del PAN, del PRD, de Morena y del PT —quienes en el pleno desplegaron una manta con la frase “¡No a la elección de Estado!”— y que fue impugnada por inconformes ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Semanas atrás, el gobernador se había negado a suspender los programas sociales con motivo de los comicios en la entidad, bajo el argumento de que hacerlo afectaría a los mexiquenses que se benefician de ellos.
“Hay por ahí quienes quieren que acabemos con esos programas, pero no, a ver, qué culpa tienen nuestros estudiantes, o nuestros pacientes de cáncer, de que suspendamos este tipo de programas”, dijo entonces.
“Estamos en nuestro derecho, todos los funcionarios públicos de todos los partidos, de poder dar a conocer los programas que tenemos, porque son para ustedes, no son para mí, son para la gente”, agregó el funcionario.
De los 67 programas que se mantienen en operación, 13 están destinados a educación, 12 son relativos al desarrollo agropecuario, 10 son operados por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM) —cuya presidenta honoraria es Isis Ávila, hija del gobernador—, seis son del Registro Civil y dos más están vinculados a cultura, entre otros.
ACUSAN ‘TARJETAZOS’
Una de las quejas presentadas por Morena ante las autoridades electorales apunta al reparto de tarjetas que sirven como monederos electrónicos.
Según el partido de izquierda, que postula como candidata a gobernadora a la exalcaldesa de Texcoco Delfina Gómez, el representante legal de la Secretaría de Desarrollo Social mexiquense, Víctor Ortiz Millán, reconoció en respuesta a una solicitud de información que el gobierno estatal repartió casi 56,000 plásticos entre septiembre de 2016 y marzo de este año, en los que erogó 167 millones de pesos.
Algunos de los municipios en los que se distribuyeron más tarjetas fueron: Tlalnepantla, con 8,805; Toluca, con 6,132; Lerma, con 4,735; Ecatepec, con 3,314, y Naucalpan, con 2,836.
El reparto en estas localidades —que se encuentran entre las que tienen más votantes registrados— forma parte de los programas Mujeres Que Logran en Grande y Mexiquenses Que Logran en Grande, que al último corte de información tenían registrados 101,700 y 85,600 beneficiarios, respectivamente. Junto con Mujeres en Construcción, se trata de programas que tienen presupuestados un total de 617 millones 500,000 pesos.
A decir de la oposición, la distribución de estos plásticos en esa magnitud y en estas fechas —así como las de otros como la tarjeta La Efectiva, para obtener descuentos en diferentes tipos de establecimientos— representa un uso electoral de los recursos públicos, pues con ellos se busca consolidar en las preferencias de los ciudadanos al candidato del partido en el gobierno, el exalcalde de Huixquilucan Alfredo del Mazo.
LOS PRESUPUESTOS
Otros programas cerraron 2016 con presupuestos abultados y se prevé que este año cuenten con una cantidad similar de recursos o incluso mayor.
El programa Seguridad Alimentaria, por ejemplo, tenía hasta diciembre 415,227 beneficiarios y un presupuesto de 465 millones de pesos, de acuerdo con cifras oficiales. Y el programa Gente Grande, destinado a los adultos mayores, tenía 326,500 beneficiarios y una bolsa de 2,400 millones de pesos para operar.
Mientras tanto, los programas Por Una Infancia en Grande, dedicado a los menores de edad; Futuro en Grande, para apoyar a las madres adolescentes, y Jóvenes Que Logran en Grande, para la juventud, disponían de 75 millones de pesos, 70 millones de pesos y 67 millones de pesos, respectivamente.
A los anteriores se suman Por Mi Comunidad, con 50 millones de pesos; Apadrina Un Niño Indígena, con 47 millones de pesos; Adultos en Grande, con 40 millones de pesos, y 4 x 1 para Migrantes, con 4 millones de pesos.
TIENEN MIEDO DE PERDER, RESPONDE EL PRI
A las quejas de la oposición por el reparto de beneficios sociales en época electoral se suman aquellas motivadas por las constantes giras de funcionarios federales y del propio presidente Enrique Peña Nieto a territorio mexiquense, con el fin de promover las acciones de la administración de Ávila.
Pero ante las inconformidades, los priistas insisten en que el propósito de mantener los programas es favorecer a la ciudadanía del Estado de México, donde habitan más de 17 millones de personas y 49.6% de la población vive en condiciones de pobreza, según la más reciente medición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
“Lo digo fuerte y claro: ningún gobierno priista de México permitirá que millones de mexicanos abandonen sus esperanzas de vida por el miedo que otros tengan de ser derrotados en una elección”, dijo recientemente el líder del PRI en el Congreso mexiquense, Cruz Roa Sánchez.
Roa fue uno de los legisladores que respaldaron la permanencia de 67 de los 90 programas sociales de la entidad durante la época electoral. En 2015, cuando los mexiquenses votaron para renovar sus 125 alcaldías y sus diputaciones locales, se mantuvieron 49.
Los diputados del bloque encabezado por el PRI no ofrecieron más argumentos para justificar que esta vez se mantengan más programas en operación, aunque accedieron a que el Legislativo forme una comisión para dar seguimiento al uso de estos recursos.
Pese a ello, la oposición enfatiza su desconfianza en este tema hacia el gobierno de Eruviel Ávila.
Del lado del PAN, que compite por el Poder Ejecutivo estatal con la excandidata presidencial Josefina Vázquez Mota, se insiste en que la actual administración estatal busca condicionar o incluso comprar el voto a través de la entrega de estos beneficios, y se advierte que se presentarán denuncias por este tema.
Por el lado del PRD la situación es similar. Incluso, la fuerza política que postula al exalcalde de Nezahualcóyotl Juan Zepeda ya acudió ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), con el propósito de exigir que se investigue y castigue el presunto uso electoral de recursos públicos.
Fuente: www.expansion.mx
