La próxima administración no tendrá margen para seguir recortando el gasto público o la inversión física y tendrá que aumentar la recaudación [template id=»34″] Ciudad de México.- El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto heredará una tarea complicada de finanzas públicas a la siguiente administración.
El gobierno que emane de las elecciones de 2018, tendrá que hacer frente a presiones de gasto público como pensiones y el servicio de la deuda, así como dejar de restringir el gasto en inversión pública.
Por lo que una de las de las primeras tareas consistirá en diseñar e implementar otra reforma hacendaria, coinciden especialistas consultados.
La situación se enmarca en un escenario en el que el actual secretario de Hacienda, José Antonio Meade, suena como uno de los precandidatos del PRI para las elecciones presidenciales y de concretarse tendrá que dejar la dependencia que apenas tomó a finales del año pasado.
LOS NÚMEROS DE LA HERENCIA
Tan solo en 2016 el pago de pensiones de trabajadores del Estado como Pemex o CFE y el costo financiero de la deuda (pago de intereses y gasto que implica) sumaron un gasto de 1.122 billones de pesos (bdp) y en los primeros seis meses de 2017, suman 626,673 millones de pesos (mdp), de acuerdo con cifras de Hacienda.
“Se requiere una reforma fiscal y muy amplia, se va a tener que subir la recaudación. Revisar IVA, ISR, impuestos en capital, el predial debe mucho. Pero quedarnos en una reforma meramente recaudatoria sería muy miope”, dijo en entrevista Héctor Villarreal, director general del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP)
Luis Videgaray, titular de Hacienda de 2012 a 2016, se encargó de implementar la reforma hacendaria de 2014, que le permitió al gobierno federal reducir la dependencia a los ingresos petroleros. La participación de éstos en los ingresos totales pasó de 36% en 2012 a 8.63% en 2016. Esto permitió sobrellevar las abruptas caídas en el precio del crudo y la producción de Pemex.
No obstante, en los primeros cuatro años de esta administración la deuda pública aumentó en 14 puntos porcentuales a 50.2% como proporción de la economía mexicana, lo que llevó a realizar recortes al gasto desde 2015, principalmente en la inversión pública, que en el primer semestre de este año cayó 22.6% anual, la mayor caída en cinco años.
Los niveles de deuda provocaron una revisión de la perspectiva de la calificación crediticia de México por parte de las tres calificadoras más importantes, S&P, Fitch y Moody’s, que a inicios de 2016 recortaron el panorama crediticio del país. Para revertirlo, Hacienda se enfocó en reducir el desbalance fiscal.
Las finanzas públicas en los primeros seis meses de este año registraron un superávit por 141, 853 mdp, cuando en el mismo periodo del año pasado se reportó un déficit de 116,594 mdp. A la fecha, S&P y Moody’s ya mejoraron la perspectiva de ‘negativa’ a ‘estable’.
“Las tasas de informalidad siguen siendo altas y probablemente (el gobierno) tenga la necesidad de una reforma para desalentarlas”, comentó en entrevista el analista de Santander, Rafael Camarena, quien agregó que, es muy probable que la siguiente administración se vea en la necesidad de analizar cambios en el régimen del IVA, ya que aumentar la tasa del ISR disminuiría la competitividad del país.
“El siguiente gobierno, sea del color que sea creo que la va a sufrir al hacer el Paquete Económico de 2019”, comentó Villarreal.
Fuente: www.expansion.mx
