De acuerdo con la sentencia de la Corte, el Congreso estaba obligado a emitir una ley regulatoria del párrafo octavo del artículo 134 Constitucional, en materia de propaganda gubernamental, antes del 30 de abril, en que concluye el período ordinario, el último de la legislatura.
De no hacerlo, la totalidad de los senadores y diputados habrían sido sancionados con la separación del cargo, la inhabilitación y la apertura de procesos penales por desacatar ese mandato que la Corte emitió en noviembre del 2017.
La decisión se llevó hasta el final en el Senado, debido a que PAN, PT Morena y PRD pretendían que la minuta remitida por la Cámara de Diputados el pasado día 12 fuera modificada de fondo, mientras que el PRI y PVEM se mantuvieron en la posición de aprobarla en sus términos
Como las comisiones no se pusieron de acuerdo, la minuta se turnó ayer directamente ante el pleno, donde comenzó a discutirse cerca de las ocho de la noche. Fueron casi cuatro horas de debate, con 11 oradores en contra , ocho a favor y la presentación de cuatro votos particulares.
La minuta se aprobó en lo general con 60 votos a favor –del PRI, PVEM y algunos aliados, como el perredista Adolfo Romero Lainas- 46 en contra, de senadores del PAN, PT Morena y PRD y una abstención.
Senadores del PRI y PVEM argumentaron que la nueva legislación regula la publicidad gubernamental al establecer reglas para fiscalizar el gasto en esa materia en los tres órdenes de gobierno y los entes públicos, “bajo el estricto apego a los principios de racionalidad, economía, transparencia y honradez”.
La nueva ley otorga a la Secretaría de Gobernación la facultad de regular y administrar el gasto en publicidad gubernamental. Se establece la obligación de elaborar y presentar programas anuales de comunicación e informes periódicos desglosados, así como el establecimiento de un Padrón Nacional de Medios de Comunicación.
En contraparte, los senadores del PAN, Héctor Larios y Ernesto Ruffo, los perredistas Angélica de la Peña y Luis Sánchez, así como el independiente Alejandro Encinas y el coordinador del PT Morena, Manuel Bartlett, advirtieron que la minuta no cumple la resolución de la Suprema Corte, ya que permite que continúe el derroche de recursos públicos para promover la imagen de funcionarios de todos los niveles, al no establecerse reglas claras en la asignación de recursos públicos para propaganda.
El senador del PVEM, Gerardo Flores, rechazó señalamientos de la senadora Martha Tagle y del morenista, Marlon Berlanga. Dijo que es erróneo sostener que la prensa, radio y televisión están controlados por el dinero público, cuando son evidentes las críticas constantes de la mayoría de los medios de comunicación obre errores y excesos de funcionarios federales y locales.
Cada una de las 70 reservas a la mayoría de los artículos de esa ley fueron rechazados por el PRI y PVEM. Luego de casi seis horas de discusión, – a la una de la madrugada con 35 minutos- el presidente del Senado, Ernesto Cordero, notificó al pleno que la Ley General de Comunicación Social quedó aprobada en lo general y lo particular y la remitió al ejecutivo federal, para que sea promulgada, “con atentos saludos a la Suprema Corte”, recalcó, entre aplausos de los legisladores.
Fuente: www.jornada.unam.mx
