Si ya lo había estado por la simulación de firmas para obtener el registro como candidato presidencial independiente —que fue avalado por el Tribunal Electoral federal en una polémica decisión—, ahora son sus gastos y movimientos financieros los que le valieron ser multado por el Instituto Nacional Electoral (INE) con 1.4 millones de pesos, así como un llamado a ser investigado por instituciones penales y hacendarias: la Procuraduría General de la República (PGR), la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
¿Pero cómo fue que llegó a ese punto? Según el INE, el motivo de que Rodríguez Calderón otra vez esté en la mira radica en que le fueron detectadas diversas anomalías, en particular, triangulación de recursos, el uso de funcionarios del gobierno de Nuevo León para recabar firmas y pagos dudosos a otros auxiliares.
Aquí revisamos las conclusiones del instituto, sobre las cuales el candidato ha dicho que carecen de fundamento y únicamente son un intento por perseguirlo.
Empresarios muy ‘broncos’
Los resultados de las investigaciones del INE muestran que, en su camino a la candidatura, El Broncorecibió 162 aportaciones en efectivo; estas provinieron de 152 personas y sumaron un total de 17.5 millones de pesos.
Sin embargo, de acuerdo con la autoridad electoral, no se trató de donaciones ‘limpias’ sino de movimientos triangulados.
El INE detectó que empresas asentadas en Nuevo León —de donde Rodríguez Calderón es gobernador con licencia— entregaron dinero a particulares para que estos a su vez hicieran aportaciones por entre 50,000 y 200,000 pesos. Los recursos eran recibidos por la asociación civil La Nueva Independencia, constituida para recabar el apoyo a las aspiraciones del Bronco.
Del total, 4.5 millones de pesos fueron fruto de tales triangulaciones, efectuadas a través de 23 ciudadanos. Por ejemplo, Comercializadora Zelcy, SA de CV, depositó 230,000 pesos a cuentas personales Bruno Mauricio Mendoza y Edgar Alfaro Cruz Guerrero. En tanto, Dyjoma, SA de CV, ‘regaló’ 220,000 pesos a Tania Garza González.
Se trata de 20 compañías a las que el INE pide investigar por posible malversación de recursos públicos, operaciones con recursos de origen ilícito y defraudación fiscal. Al menos dos de ellas, Adsonia Consultores y Bufete de Ingenieros Constructores, están en la lista de proveedores del gobierno de Nuevo León, mientras la mayoría de las demás tiene contratos con el ayuntamiento de Monterrey, capital de la entidad.
La mano de un amigo (y funcionario)
Dentro del proceso de triangulaciones, el propio Bronco trianguló dinero.
El consejero Ciro Murayama dijo a ADNPolítico que Rodríguez Calderón reportó que aportó a su campaña 240,000 pesos de su bolsillo. Sin embargo, según las indagatorias del INE, ese dinero en realidad provenía de cheques por 1.1 millones de pesos de la empresa Proyecciones y Desarrollos Inmobiliarios. Dicha compañía es propiedad de Jesús Humberto Torres Padilla, quien es secretario de Infraestructura en Nuevo León.
De acuerdo con Murayama, este movimiento viola la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe), que prohíbe a los aspirantes recibir aportaciones o donativos en efectivo por parte de empresas mercantiles u otras personas morales.
A la fecha, el INE sigue investigando otras 59 donaciones para verificar si en ellas hubo triangulaciones o no.
Los pagos a auxiliares
Otro punto señalado por el INE es el pago a los auxiliares del Bronco, es decir, las personas dedicadas a la recolección de firmas.
Con base en investigaciones periodísticas como las del diario El Norte y en información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el instituto detectó que el equipo de Rodríguez Calderón destinó 6.5 millones de pesos en este concepto, sin reportarlo para que fuera fiscalizado.
Según el INE, el dinero fue ‘inyectado’ entre octubre de 2017 y marzo de este año por tres empresas: Grupo Comercial Gruten, SA de CV; Attar 2715, SC, y Piserra Construcciones, SA de CV. El instituto advierte que dichas instancias transfirieron 2.1 millones de pesos en tarjetas Saldazo-Oxxo y depositaron otros 4.3 millones en bancos.
«Se tiene evidencia que los auxiliares/gestores registrados por el entonces aspirante llevaron a cabo una labor que fue remunerada, proveniente de los recursos depositados en las tarjetas denominadas Saldazo-Oxxo, que a su vez fueron fondeadas por personas morales, las cuales se encuentran impedidas para realizar aportaciones de cualquier naturaleza a los aspirantes a candidatos independientes», concluyó Murayama.
Como parte del proceso se sancionó a 10 auxiliares que recibieron pagos por 190,369 pesos. Con ello, la cantidad pendiente de aclarar queda en 6.3 millones de pesos.
Funcionarios recolectores
Una última trampa detectada por el INE fue el uso de funcionarios del gobierno de Nuevo León para la recolección de firmas de Rodríguez Calderón.
La forma en la que el INE verificó el número de servidores públicos que dedicaron tiempo de su horario laboral para recolectar apoyos ciudadanos fue cotejando la lista de auxiliares (35,667 personas) con los nombres de quienes trabajan en el Ejecutivo estatal. A partir de ello, inicialmente se encontraron 831 coincidencias.
Tras una depuración —descontando a quienes reunieron firmas cuando estaban de vacaciones o a quienes lo hicieron fuera de sus horas de trabajo—, el listado se redujo a 652 empleados, lo que implica un desvío de recursos públicos calculado en 2.6 millones de pesos. En total, estos funcionarios recolectaron 25,023 rúbricas.
Otra polémica surgió a raíz de una nota publicada por El Horizonte el 19 de enero. Según este reporte, la Secretaría de Seguridad Pública estatal ofreció 100,000 pesos a miembros de una iglesia evangélica para que recolectaran apoyos. Ante ello, la Unidad Técnica de Fiscalización del INE investigó dos cuentas bancarias del pastor Aldo Pascual Flores Peña, pero hasta ahora no hay evidencia de pagos con este motivo.
Fuente: www.adnpolitico.com
