Corte Penal Internacional emite orden de arresto contra Putin por crímenes de guerra en Ucrania

Putin es acusado de deportación ilegal de niños y transferencia ilegal de personas del territorio de Ucrania a Rusia

La Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin, acusándolo de ser responsable de crímenes de guerra cometidos en Ucrania. La CPI investigó las acusaciones de que las fuerzas rusas cometieron atrocidades durante el año de invasión a su vecino y determinó que hay motivos razonables para creer que Putin es responsable de deportación ilegal de población y transferencia ilegal de población de áreas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa, en perjuicio de niños ucranianos.

El jueves, una investigación respaldada por la ONU citó los ataques rusos contra civiles en Ucrania, incluyendo la tortura y el asesinato sistemáticos en las regiones ocupadas, entre los posibles problemas que equivalen a crímenes de guerra y posiblemente crímenes de lesa humanidad. Como resultado, la CPI emitió órdenes de arresto contra Maria Alekseyevna Lvova-Belova, Comisionada de Rusia para los Derechos del Niño, por los mismos cargos.

El presidente ucraniano celebró la orden de arresto contra Putin, calificándola como «el inicio» de una larga serie de condenas contra el líder ruso por haber iniciado la guerra. Sin embargo, el gobierno ruso ha negado las acusaciones y criticó y condenó la decisión de la CPI, calificándola de «nula» y «sin sentido».

El Ministerio de Exteriores ruso afirmó que las decisiones de la CPI no tienen trascendencia para el país, ya que no es miembro del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y no tiene obligaciones en virtud del mismo. Además, Rusia no está cooperando con la CPI y considera que las posibles órdenes de arresto que emita el tribunal serán legalmente nulas y sin efecto para ellos.

En resumen, la CPI emitió una orden de arresto contra Putin por crímenes de guerra cometidos en Ucrania, incluyendo la deportación ilegal de niños y la transferencia ilegal de población. Mientras Ucrania celebró la decisión, el gobierno ruso la criticó y afirmó que no tiene trascendencia legal para ellos.