Tamaulipas
Declaran improcedente intento de amparo de Cabeza de Vaca por desafuero
García Cabeza de Vaca argumentó que la autoridad responsable se “extralimitó” en las facultades que tiene conferidas constitucionalmente
Este miércoles, un juez federal declaró como improcedente la demanda de amparo que trató de promover Francisco García Cabeza de Vaca, con el que pretendía dar marcha atrás al proceso de desafuero que la Cámara de Diputados realizó en su contra.
Fue Martín Adolfo Santo Pérez, juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien determinó lo anterior.
“Se desecha de plano la demanda de amparo en estudio, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia mencionada”, resolvió el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.
El mandatario tamaulipeco argumentó en su demanda, que la autoridad responsable del juicio de procedencia se “extralimitó” en lo que respecta a sus facultades conferidas constitucionalmente.
Sin embargo Martín Santo Pérez argumentó que determinó como improcedente dicha demanda, ya que el juicio de amparo no es la vía para combatir lo que impugna.
“En ese sentido, este órgano de control constitucional observa que la litis planteada por la parte quejosa no es procedente en el juicio de amparo, dado que pretende impugnar una resolución que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión emitió en uso de una facultad exclusiva y soberana que le fue conferida constitucionalmente y en la que, bajo un estudio superficial (de dicha resolución), se observaron las pautas que constitucionalmente se han emitido para dicho efecto”.
“De ahí que, se actualice de manera manifiesta e indudable la hipótesis de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción VII, de la Ley de Amparo y que, en consecuencia, deba desecharse la demanda de amparo”, detalla la resolución.
El pasado 30 de abril, la Cámara de Diputados aprobó el desafuero de Cabeza de Vaca, quien fue acusado por la Fiscalía General de la República (FGR), por los delitos de delincuencia organizada, operación de recursos con procedencia ilícita y fraude fiscal.
