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Ley de Reproducción Asistida avanza en el Congreso
Legisladores exponen posturas sobre el impacto de la reforma
Con 29 votos a favor de Morena, PT y PVEM, la Comisión de Salud aprobó el dictamen que define la reproducción asistida como aquella que emplea técnicas con óvulos propios o donados, así como semen de la pareja o de donantes nacionales e internacionales.
“El tema de la necesidad de regular las distintas aristas de la reproducción asistida en México lleva en la agenda 30 largos años”, señaló la diputada Olga Sánchez Cordero, promovente de la reforma. Explicó que esta iniciativa busca ordenar la forma en que actores públicos y privados desarrollan actividades clínicas y científicas relacionadas con la reproducción asistida.
El proyecto, denominado Técnicas de Reproducción Asistida (TRA), fue rechazado por ocho legisladores del PAN y PRI, quienes argumentaron que no protege suficientemente los derechos de las partes involucradas.
Más allá del debate en el Congreso, Lizeth Castro Padilla y Mariana Moguel Robles, madres que recurrieron a estas técnicas, destacaron la importancia de la regulación y celebraron que el tema haya sido colocado en la agenda pública.
La reforma otorga a la Secretaría de Salud la facultad de supervisar el uso de células humanas y gametos en procedimientos de reproducción asistida. Además, propone la creación de un Registro Nacional de Establecimientos que ofrecen estos servicios.
También establece prohibiciones, entre ellas: clonación reproductiva de seres humanos; producción de híbridos o quimeras interespecíficas; uso de embriones con fines experimentales; implante simultáneo de embriones no provenientes de la misma pareja; colocación de más de dos embriones por ciclo reproductivo; y comercialización de óvulos, esperma y embriones humanos.
El artículo 17 bis de la Ley General de Salud se modificaría para incluir la supervisión de células germinales en reproducción asistida. Se agrega un artículo 71 bis, donde se especifica que las TRA abarcan todos los tratamientos que manipulan ovocitos, espermatozoides o embriones humanos para lograr un embarazo.
La propuesta establece que médicos y clínicas deberán cumplir con normas oficiales de la Secretaría de Salud y garantizar información clara sobre beneficios, riesgos, costos y tiempos de cada tratamiento.
También se requiere que el material genético utilizado tenga autorización y consentimiento informado de los donantes. Sin embargo, este punto generó debate, ya que algunas legisladoras de Morena consideraron que podría vulnerar la autonomía de las mujeres.
El artículo 71 bis 3 establece que solo mayores de 18 años podrán acceder a tratamientos de reproducción asistida. Para la diputada Antares Vázquez (Morena), esto no es suficiente y se deben establecer medidas adicionales para evitar posibles abusos, como la explotación en vientres subrogados.
El dictamen también prohíbe la selección de sexo, excepto en casos donde sea necesario evitar enfermedades hereditarias graves. Además, regula la crioconservación de embriones, limitando su almacenamiento a los plazos y condiciones que determine la Secretaría de Salud.
Las sanciones para quienes incumplan la ley incluyen multas de hasta 500 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y penas de seis a 17 años de prisión para quienes comercien ilegalmente con células germinales o embriones humanos.
Legisladores del PRI y PAN insistieron en la necesidad de un mayor debate y consultas con expertos en bioética y derecho. Éctor Ramírez Barba (PAN) advirtió que la regulación debe garantizar certeza legal a todas las partes involucradas y abordar temas sensibles como la protección legal del embrión, normas sobre criopreservación y descarte de embriones, derecho de los niños a conocer su origen genético y limitaciones a prácticas eugenésicas.
Mariana Moguel Robles, exdiputada y activista, subrayó que, así como se ha legalizado la interrupción del embarazo, también debe garantizarse el derecho a decidir ser madre. “Las familias han cambiado, hay mamás solas, papás solos, parejas del mismo sexo y modelos diversos de crianza”, destacó.
Por su parte, Lizeth Castro Padilla, madre gracias a la reproducción asistida, narró su experiencia tras años de infertilidad debido a endometriosis. Afirmó que la falta de regulación genera incertidumbre y altos costos, excluyendo a muchas personas de estos tratamientos.
Ambas coincidieron en que la reforma debe considerar el acceso universal y la posibilidad de regular la gestación subrogada para evitar su práctica clandestina.
La diputada Olga Sánchez Cordero, impulsora de la reforma, enfatizó que el objetivo es cerrar la puerta a la ilegalidad y permitir que el Estado garantice el acceso seguro a estos tratamientos.
“Somos un gobierno de izquierda y debemos actuar en consecuencia. La falta de regulación ha permitido la proliferación de clínicas clandestinas sin supervisión sanitaria”, afirmó.
Sánchez Cordero dejó claro que esta ley solo regula la fertilización in vitro, dejando fuera temas como la gestación subrogada y la comercialización de material genético, los cuales podrían tratarse en futuras reformas.
Con la reforma aún en proceso de discusión, se espera que el Congreso continúe con el análisis y posibles ajustes antes de su votación final.
